Otro freno judicial, esta vez en Rumencó Joven, el PRO busca alinear a su tropa y en la provincia ya hablan en voz baja de reelecciones indefinidas

Hay fallos que resuelven. Y hay fallos que, además, explican. El del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata sobre Rumencó Joven pertenece a esta segunda categoría. La resolución es clara: frenar la Etapa II del desarrollo. Pero lo interesante no está en la orden, sino en los fundamentos. El juez no discute el proyecto. No cuestiona el modelo de urbanización ni el destino del predio. Lo que pone bajo la lupa es otra cosa: la falta de la Declaración de Impacto Ambiental, el acto administrativo final que la ley exige como condición previa para avanzar. Algo muy similar a lo que ocurrió hace pocos días con Plaza Rumencó, donde se iniciaron obras sin autorización municipal y una tala indiscriminada de árboles. En cuanto a este nuevo fallo, es categórico. Hace una distinción que ordena toda la discusión: una cosa es la Evaluación de Impacto Ambiental –el proceso– y otra la Declaración –la decisión final del Estado–. Sin esa decisión, no hay habilitación posible. No es un tecnicismo. Es el corazón del caso. A partir de ahí, el razonamiento judicial sigue un camino bastante clásico, pero aplicado con precisión.

Primero, la verosimilitud del derecho: el planteo de la actora tiene sustento. Si no hay Declaración de Impacto Ambiental, avanzar con obras no es un detalle administrativo, sino una acción incompatible con el marco legal. Después, el peligro en la demora: las tareas denunciadas –movimiento de suelos, intervención sobre el entorno natural– pueden generar daños que no se revierten. Y frente a lo irreversible, la lógica judicial es simple: mejor frenar ahora que lamentar después. Por último, el interés público: lejos de ver un perjuicio en la suspensión, el fallo la presenta como una forma de proteger el cumplimiento de las reglas ambientales. No hay aquí una tensión entre desarrollo y comunidad, sino una alineación con el principio de prevención. Con esos tres elementos –derecho verosímil, riesgo concreto y un interés general comprometido– la cautelar se vuelve casi inevitable.

Pero hay un punto en que el fallo deja de ser técnico y empieza a decir algo más. La medida no solo alcanza a las empresas desarrolladoras, también le ordena a la Municipalidad que garantice el cumplimiento del freno. La incorpora, en los hechos, al centro de la escena. Y ahí aparece la pregunta que el expediente sugiere, aunque no responda: ¿cómo se llegó a este punto? Porque la Etapa I del mismo proyecto tiene su Declaración de Impacto Ambiental desde diciembre de 2024 y avanza sin objeciones. La Etapa II, en cambio, quedó a mitad de camino en ese proceso. Con trámites en curso, con una declaración preliminar, pero sin el acto final. Y sin ese acto, la obra no debía empezar. La reiteración de medidas cautelares empieza a marcar algo más que una disputa judicial. Marca un desajuste entre los tiempos del desarrollo y los tiempos del control. O, dicho de otra manera, alguien decidió avanzar antes de que el expediente estuviera terminado. El fallo no lo dice así. Pero lo deja ver. Mientras tanto, el proyecto sigue teniendo horizonte. La decisión no lo cancela ni lo invalida. Lo ordena. Le impone una pausa hasta que complete el recorrido que la normativa exige. En un contexto donde muchas veces las reglas aparecen como negociables, la Justicia introduce un límite. No sobre lo que se puede hacer, sino sobre cuándo se puede hacer. Y en esa diferencia –que parece menor pero no lo es– se juega buena parte de esta historia.

La reunión del PRO bonaerense con Diego Santilli dejó una de esas postales que, en Mar del Plata, no pasó desapercibida. En la misma mesa –u orbitando cerca– coincidieron el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro, su mano derecha, el diputado provincial Alejandro Rabinovich y el actual jefe comunal Agustín Neme. Santilli no dejó lugar a demasiadas dudas sobre el rumbo. “Tenemos que sostener el camino del presidente”, repitió, en referencia a Javier Milei, y remarcó que el esfuerzo social hecho hasta ahora no admite retrocesos. Traducido al idioma político: alineamiento con la Casa Rosada y vocación de acuerdo, aunque duela en los territorios. También insistió en una idea que viene machacando desde hace años: sin unidad, no hay posibilidad de ganarle al peronismo en la provincia. En esa lógica, mencionó el trabajo “articulado” con Cristian Ritondo, con Sebastián Pareja y hasta con sectores del radicalismo. Una frase que sonó más a necesidad que a realidad consolidada.

Pero mientras Santilli hablaba de coordinación, abajo afloraban los reclamos. Intendentes que pidieron obras, fondos y, sobre todo, una tregua política en los concejos deliberantes donde los libertarios –muchas veces– juegan a la contra. El ministro prometió “gestiones”. Una palabra que, en el manual PRO, suele significar paciencia. En off, algunos interpretaron la escena como un gesto de disciplina hacia Santilli. Otros, más filosos, lo leyeron como una advertencia: el territorio no se negocia a ciegas. Si algo dejó claro Santilli es que la discusión por 2027 ya no es una hipótesis: es el marco en el que se está tomando cada decisión. Y en esa carrera, nadie –ni en Buenos Aires ni en Mar del Plata– quiere llegar como convidado de piedra.

A todo esto, el senador nacional marplatense Maximiliano Abad (UCR) fue designado al frente del Grupo Parlamentario de Amistad con China. Los Grupos Parlamentarios de Amistad (GPA) son un mecanismo potencialmente efectivo para la consecución de objetivos comunes, valorando la flexibilidad de su funcionamiento y su aptitud para dinamizar agendas de cooperación que tiendan a acrecentar las relaciones recíprocas, a la vez que explorar las posibilidades de nuevos campos de interés común, constituyéndose, además, en verdaderos facilitadores parlamentarios de las relaciones bilaterales. Se trata de una designación importante porque el Grupo Parlamentario de Amistad con China es uno de los más relevantes que tiene el Congreso argentino, junto con los de Estados Unidos, España e Italia. No es un cargo simbólico: son ámbitos donde se construyen relaciones políticas, comerciales, educativas y culturales entre los países, y donde también pasan temas estratégicos vinculados a inversiones, producción e intercambio bilateral. En el caso de China, además, es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y de un actor central en la economía global.

En la política bonaerense hay discusiones que no mueren: hibernan. Y cuando vuelven, lo hacen con más urgencia que épica. La reelección indefinida de los intendentes es una de ellas. Lo que en 2016 fue presentado como un avance institucional, hoy empieza a leerse como una traba incómoda para buena parte del sistema político. La ley que fijó el límite (la 15.315) se votó en tiempos de María Eugenia Vidal, con un discurso que sintonizaba con la demanda social de ponerle un freno a las permanencias eternas en el poder. Dos mandatos y punto. Sin matices. Pero la política tiene memoria selectiva. Y necesidades más urgentes que los principios. Hoy, en los pasillos de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, lo que se escucha no es una defensa cerrada de aquella norma, sino conversaciones –cada vez menos discretas– para modificarla o, al menos, encontrarle la vuelta.

El número que explica todo es contundente: si la ley no se toca, 82 intendentes no podrán competir en 2027. Es decir, una porción significativa del poder territorial quedaría obligada a correrse o a buscar sucesores en un contexto en que las transiciones nunca son neutras. Ahí es donde el debate deja de ser abstracto y se vuelve concreto. En General Pueyrredon, por ejemplo, Guillermo Montenegro quedaría alcanzado por esa limitación si decidiera intentar un nuevo mandato en 2027. Montenegro hoy está de licencia en el municipio tras asumir como senador provincial, en un movimiento que reordenó el tablero local, pero que no altera el dato central: la ley, tal como está, le cerraría la puerta a otra candidatura consecutiva en la intendencia. Y como ese caso hay decenas, con matices pero con la misma lógica. Intendentes que consolidaron poder, que ordenaron sus territorios –o al menos creen haberlo hecho– y que no están dispuestos a quedar afuera por una norma que, en su momento, votaron o acompañaron sin imaginar este escenario.

Puertas afuera, el argumento sigue siendo políticamente correcto: alternancia, renovación, calidad institucional. Puertas adentro, la conversación es más terrenal: sin reelección, hay riesgo de perder el control político, de abrir internas impredecibles y de ceder poder real. En ese tablero aparece un actor que, por ahora, juega a dos puntas. La Libertad Avanza no comulga con la idea de volver a las reelecciones indefinidas. Al menos en lo discursivo, mantiene la bandera de limitar a la “casta”. Pero en la lógica de negociación permanente que domina la Legislatura, asoma una posibilidad de canje: un guiño a la flexibilización de los mandatos a cambio de avanzar con la implementación de la boleta única de papel en la provincia, un sistema que ya tiene aval a nivel nacional y que los libertarios empujan como bandera propia. El “toma y daca” no es nuevo, pero grafica con claridad el momento: principios que se negocian, reformas que se cruzan y mayorías que se construyen más por conveniencia que por convicción.

El problema es el mensaje. Porque no se trata solo de intendentes que quieren seguir, sino de una política que vuelve a mostrar su dificultad para sostener reglas en el tiempo. Lo que ayer era un avance institucional, hoy es un obstáculo a remover. Y así, la previsibilidad queda siempre supeditada a la coyuntura. Mientras tanto, el calendario avanza. 2027 parece lejos, pero en política es mañana. Y en los municipios ya empezaron las cuentas, los movimientos y las conversaciones en voz baja. “Si el debate termina siendo un canje –reelecciones por boleta única–, la discusión dejará de ser qué sistema mejora la democracia para pasar a ser qué arreglo cierra políticamente. Y ahí, como tantas veces, las reglas del juego vuelven a escribirse en los pasillos antes que en el recinto”, resaltaba un legislador que hace algunos años levantó la mano para votar la ley que sepultó las reelecciones indefinidas.