El Juzgado Federal N° 3 resolvió levantar la medida cautelar que regía sobre un bar de gin que funcionará en un predio ubicado en la zona del faro de Punta Mogotes, una decisión que destraba la situación judicial del predio y habilita la normalización de las actividades en el lugar.
La resolución llega luego de seis meses de vigencia de la cautelar, período en el que —según el fallo— no se reunieron pruebas que vinculen el terreno con la investigación en curso. En ese sentido, la Justicia consideró que no existen evidencias suficientes que justifiquen la continuidad de las restricciones.
El magistrado también ponderó la trayectoria del predio, al señalar que cuenta con un historial de ocupación legítima desde 2005, durante el cual funcionaron distintas actividades sin objeciones de fondo. Este punto fue clave para reforzar la validez del proyecto actual.
En el fallo se hace especial hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. El juez advirtió que las medidas cautelares no pueden extenderse de manera indefinida sin fundamentos sólidos, y recordó la protección del derecho constitucional a la propiedad privada consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Respecto del desarrollo en sí, se destacó que el proyecto Restinga presenta un impacto acotado: se ejecuta sobre estructuras livianas, sin excavaciones profundas y ocupando solo una fracción reducida del terreno natural. Además, las obras cuentan con el respaldo de la Ordenanza Municipal N° 26.400, lo que encuadra la iniciativa dentro del marco legal vigente.
Como parte del cierre del proceso pericial, el 10 y 11 de junio se realizará una prospección final con georradar en sectores específicos del predio. El objetivo será descartar de manera definitiva cualquier hipótesis residual vinculada a la investigación y dar por concluida la intervención judicial.
Desde la firma Restinga Gin señalaron que continuarán colaborando con las tareas previstas y reafirmaron su compromiso con la legalidad, la memoria histórica y el desarrollo productivo de la región.
La polémica se originó porque la habilitación municipal autorizó a la empresa a instalar un bar de gin en un terreno lindante al Faro de la Memoria, donde funcionó la ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería Marina), un ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar.
La ordenanza generó un fuerte rechazo en la oposición y organismo de Derechos Humanos, quienes consiguieron que la justicia dictara una medida cautelar para frenar las obras en el lugar hasta que se comprobara si existía alguna irregularidad.
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