Alivios, sapos, incomodidades y una alarma que vuelve a sonar

Por Ramiro Melucci

Guillermo Montenegro tuvo dos motivos para suspirar con alivio la semana pasada. Después de que la oposición profundizara las críticas a su gestión, observó con satisfacción el levantamiento de la cautelar que frenaba la instalación del bar de gin en el predio lindero al faro y el dictamen de comisión que obtuvieron las rendiciones de cuenta de su último año como intendente en funciones.

Montenegro fue quien orquestó la triangulación para que, a través de una autorización del Concejo Deliberante a la asociación de fomento Faro Norte, la empresa propietaria de la marca Restinga (Burbarrel) obtuviera el permiso para establecerse en aquel sitio que para los organismos de derechos humanos formó parte del esquema represivo de la última dictadura.

Cuando era concejal, el intendente Agustín Neme defendió el proyecto con el argumento de que la parcela en que se pretende instalar la gintonería no integra el predio de la entonces Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que funcionó como centro clandestino de detención.

Insistió con su postura en una recorrida por el lugar en los días previos al 24 de marzo –aniversario del comienzo del último gobierno de facto–, con la que se granjeó el repudio de los organismos. “La Justicia nos dio la razón una vez más”, celebró el primer defensor de su gestión, Emiliano Giri.

La otra alegría oficialista la proporcionó la Comisión de Hacienda, donde fueron aprobadas las cuentas deficitarias de 2025. El voto que se esperaba con cierta atención era el de La Libertad Avanza. Se le presentaba la opción de mantener la coherencia política o no apartarse de la discursiva. Con el voto a favor, optó por la congruencia política: los números del municipio corresponden al último año de Montenegro como intendente en funciones, el mismo en que La Libertad Avanza firmó con el PRO un acuerdo electoral que ubicó al jefe comunal como primer candidato a senador provincial por la quinta sección electoral.

Pero el aval al déficit, otorgado por los concejales libertarios en el más absoluto de los silencios, hizo añicos en un instante la prédica del equilibrio fiscal y el déficit cero. No fue el único sapo que tuvieron que tragar. Unos minutos antes de la votación, Fernando Muro (PRO) reforzó los argumentos que tan mal habían caído entre los admiradores de Javier Milei cuando los pronunció por primera vez: dijo que el déficit se explica a partir del aumento de los costos operativos y salariales derivados de la inflación y de la falta de fondos provenientes de la Provincia y la Nación. “Si no te mandan el dinero que está comprometido, después es difícil afrontar los gastos”, sentenció.

Intendentes y legisladores del PRO junto al ministro del Interior, Diego Santilli. Asistieron Neme, Montenegro y Rabinovich.

Las necesidades de los municipios fueron uno de los asuntos que los intendentes del PRO le transmitieron al ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro al que acudieron Neme, Montenegro y Alejandro Rabinovich. Pero durante gran parte de la reunión la conversación giró sobre otro eje: las dificultades de algunos intendentes para congeniar con los concejales libertarios. No es, claro, el caso de Mar del Plata, donde La Libertad Avanza ostenta puestos clave (las presidencias de OSSE, el Emturyc y el Concejo) y luego sus ediles responden con votos aunque tengan que taparse la boca para no decir lo que piensan.

Montenegro es de los que cree que para ganarle al peronismo en la provincia es necesario un frente “no peronista” que incluya a los radicales. En otras palabras, considera que debe integrarlo su socio local, Maximiliano Abad, jefe de un sector que esquiva cada vez menos los cuestionamientos a las políticas nacionales. Se reflejan en las últimas intervenciones de la concejal Vilma Baragiola, en las que se mostró crítica con el funcionamiento del PAMI y se pronunció contra el nuevo intento del Gobierno de recortar la Zona Fría.

A las puertas del invierno, el de la eliminación de los subsidios al gas para gran parte de los usuarios de Mar del Plata y la provincia es una discusión que logra lo que a menudo resulta difícil: unir a toda la oposición. Al oficialismo local, en cambio, es un debate que lo incomoda. No solo porque la mayoría ya se ha pronunciado en algún momento sobre la importancia de esos subsidios, sino porque respaldar la postura del Gobierno esta vez significa avalar un aumento de la tarifa para los sectores medios, un electorado que siente propio.

En Mar del Plata, La Libertad Avanza ostenta puestos clave y sus ediles responden con votos aunque tengan que taparse la boca para no decir lo que piensan.

Las tribulaciones de Neme pasan por otro lado. Con la recaudación a la baja y sin fondos nacionales y provinciales que lo auxilien, sus posibilidades de mostrar gestión dependen de las dos tasas escindidas de la TSU: la vial, a cargo de las estaciones de servicio, y la de alumbrado, que vendrá con las facturas de electricidad. El desafío es que esos fondos se vuelquen a obras de pavimentación y alumbrado y no, como planteó el kirchnerismo en el Concejo, “a tapar el agujero financiero” del municipio. Buena parte de su éxito o fracaso se cifra en esa apuesta.

Acaba de definir que la tasa de alumbrado se actualizará cada dos meses en función de la inflación. Trascendieron además los términos del convenio por el que EDEA se hará cargo de la gestión de cobro. La empresa percibirá el 6% de lo recaudado respecto de los primeros 200.000 usuarios que paguen en el mes, y el 4,5% del 200.001 en adelante.

En el final de la semana el intendente se involucró de lleno en el seguimiento de las condiciones meteorológicas. En eso estaba cuando volvieron a sonar las alarmas del transporte. El paro de la UTA por el retraso en el pago de los salarios a los choferes prologó un nuevo reclamo empresarial. En dos direcciones: al Gobierno nacional y al municipio.

Cada uno merecería una explicación. Los jubilados, pensionados, empleadas de casas particulares y beneficiarios de planes sociales alcanzados por el denominado “Atributo Social” tienen un descuento del 55% del pasaje. El otro 45% lo compensa la Nación. O debería compensarlo: los empresarios advirtieron que se registra una demora “grave”. En abril, cuando presentaron el pedido de aumento de boleto, especificaron que les adeudaban esos montos desde el 1 de enero.

Al municipio le piden el aumento de boleto. Lo evalúa la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo, que pidió dos informes. Uno a las propias empresas, para que especifiquen la cantidad de pasajeros que pagan boleto plano, los que tienen descuento y los que viajan gratis. Otro a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, para que determine la tarifa técnica. Hasta ahora nadie respondió.