El sindicalismo marplatense planteó un fuerte rechazo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, al entender que se trata de una “quita de derechos” que no permitirá crear más empleo, sino que, por el contrario, empeorará las condiciones actuales de los trabajadores.
Hasta el momento, el Ejecutivo Nacional dispuso algunos cambios en la legislación laboral en el DNU 70/2023, pero fueron declarados inconstitucionales por la Justicia. También hizo lo propio en la Ley Bases, con la que se aprobaron modificaciones como la ampliación del periodo de prueba (de tres a seis u ocho meses, dependiendo la cantidad de empleados) y la creación de un fondo de cese laboral.
Ahora bien, tras el triunfo en las legislativas y bajo el argumento del crecimiento de la informalidad -trepó al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos oficiales-, el Gobierno evalúa más cambios. Si bien todavía no se elevó un nuevo proyecto, en principio se tomará como base una iniciativa de la diputada libertaria Romina Diez.
Entre los ítems centrales, se propone la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, más allá de que fue negado públicamente por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado; el pago de indemnizaciones en cuotas; la habilitación de realizar acuerdos de trabajo por empresa, en vez de por actividad; incrementos salariales por productividad; y el fraccionamiento de las vacaciones.
“Para nosotros, la reforma laboral es una quita de derechos”, resaltó José Luis Rocha, el titular de la delegación local de la CGT (Confederación General del Trabajo), con un diagnóstico opuesto al del gobierno municipal, que apoyó la iniciativa de Milei.
“Esta reforma de la que se habla viene a hacerle las cosas más fáciles a los empresarios. No es una modificación que ayude al mundo del trabajo en general, sino a un solo sector. Propone que sea más fácil contratar, más fácil despedir, más horas de trabajo y vacaciones fraccionadas”, acotó el referente local de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica).
Rocha indicó que se trata de una “reforma regresiva”, que busca cumplir con las condiciones del FMI (Fondo Monetario Internacional). De todos modos, admitió que se tendrían que discutir cambios en algunos convenios colectivos. “En el sector metalúrgico, por ejemplo, deberíamos modificar algunas categorías hacia arriba porque la tecnología ha hecho que muchas máquinas sean automatizadas y para manejarlas hay que tener un conocimiento especial. Por eso se deberían sumar escalafones superiores por la especialización y conocimiento que ello requiere”, explicó.
El secretario general de la CGT local pidió, además, frenar la apertura indiscriminada de importaciones. Este factor acelera “el cierre de industrias y comercios: cada artículo ingresado es un trabajador menos”.
Un diagnóstico similar brindó Raúl Calamante, coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que, antes que discutirse una reforma laboral, deberían atenderse cuestiones centrales de la economía, como la apertura indiscriminada de importaciones o el dólar barato, que afectan a los principales sectores generadores de empleo en la ciudad, como el puerto, con su industria naval y pesquera; el sector textil; el turismo, con el sector gastronómico y hotelero; el comercio; y el cordón frutihortícola.
Calamante advirtió sobre los “despidos por goteo” en estas ramas de actividad. Por eso llamó a mejorar las condiciones de “competitividad y productividad”, a partir del desarrollo de la “industria local”, lo que permitiría
la generación de más empleo registrado.
“Hoy la discusión que plantea el Gobierno tiene que ver más con un sueño histórico de los sectores concentrados de poder en Argentina, que quieren flexibilizar las condiciones laborales con un objetivo claro: destruir la organización sindical”, alertó el funcionario bonaerense.
Según Calamante, el Gobierno busca convencer a los trabajadores de que si tienen una “negociación individual, están en mejores condiciones que a nivel colectivo”.
Aunque matizó: “Esto no quita que haya que darle una respuesta a aquellos sectores que hoy están en la informalidad. Tiene que haber medidas para los trabajadores de aplicaciones y freelance que son monotributistas sin convenio. Eso hay que regularlo, pero no es precisamente a lo que apunta el Gobierno, al menos en los trascendidos que circulan”.
Por último, el dirigente consideró que “para mejorar” las condiciones laborales debe repuntar la economía a partir de la defensa de “la industria nacional y las pymes”, las principales generadoras de empleo.
“Si los salarios son bajos, cayó el consumo y no podemos competir con lo que viene de afuera por las importaciones, ¿de qué reforma vamos a hablar? No tiene sentido”, resumió Calamante.
Comercio
Guillermo Bianchi, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, se sumó a las críticas a la reforma laboral y trazó también un balance negativo de los primeros cambios introducidos con la Ley Bases.
“Milei ya hizo la reforma laboral y ha sido un absoluto fracaso. Al ajuste brutal se agregaron modificaciones que supuestamente generarían mayor trabajo, con la quita de multas por blanqueo de trabajadores, el fondo de cese laboral, la posibilidad de incorporar gente con un periodo de prueba de seis meses y un nuevo modelo de contratación: los colaboradores”, explicó.
Sin embargo, ese primer paquete de medidas no fue auspicioso. “No se generó empleo, porque eso está vinculado al crecimiento económico. El modelo del Gobierno ha tenido un ‘crack’ terrible, con el salvataje a último momento de Estados Unidos”, aseguró Bianchi.
El gremialista remarcó que, con esta nueva reforma laboral, la gestión de Milei busca “atacar derechos individuales ya conquistados para rebajar salarios”, con el objetivo de cumplir con los lineamientos del FMI.
“Lo que se necesita es una recomposición inmediata de los ingresos. Hay que aumentar el salario mínimo, vital y móvil en base a la verdadera inflación”, expuso Bianchi
Y añadió: “El salario ha perdido más del 30% con viles maniobras, como no homologar los convenios colectivos. El ‘salariazo’ es lo que va a permitir que la economía crezca y se distribuya justamente en empleo”.
Bianchi se refirió a la importancia de sostener “las relaciones tripartitas” en las negociaciones: trabajadores con organizaciones sindicales, empresarios y cámaras patronales, y el Estado “para regular las asimetrías”. Con la asunción de Milei, este escenario se terminó.
“Hay solo dos partes: los trabajadores organizados y las corporaciones en el Gobierno. Ellos mismos lo dicen: vinieron a destruir el Estado”, cuestionó.
En términos similares a sus colegas, Bianchi reconoció que debe trabajarse en la regulación del trabajo de plataformas, que atraviesa cada vez más actividades. Y solicitó incorporar en los convenios colectivos “la capacitación continua”, algo necesario ante el “crecimiento vertiginoso de la tecnología” que exige una actualización constante.
A su vez, pidió reducir la jornada laboral. “Por supuesto, no todos los rubros son lo mismo. Pero hay que sentarse en el contexto mundial, la tecnología nos proporciona más tiempo, y el tiempo debe aprovecharse”, concluyó.
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