Con la Resolución 219/2025, se redefine el acceso al beneficio en el régimen de Zona Fría Ampliada, limitando los descuentos del gas a un solo medidor por usuario vulnerable y buscando mayor equidad en la distribución de subsidios.
El Gobierno nacional oficializó una nueva etapa en el proceso de ordenamiento tarifario y fiscalización de subsidios con la implementación de la Resolución 219/2025, que modifica los criterios de acceso a la Zona Fría Ampliada, un régimen que otorga descuentos en la tarifa de gas natural por red. El objetivo: corregir distorsiones e identificar usos indebidos que comprometen la sostenibilidad del sistema.
Con la nueva reglamentación, más de 137.000 usuarios que hasta ahora accedían a un descuento del 50% en múltiples suministros de gas a su nombre, pasarán a recibir ese beneficio únicamente en uno de sus medidores. En el resto, se aplicará la bonificación general del 30%, tal como establece la Ley 27.637.
Quienes consideren que tienen motivos justificados para mantener el descuento completo en más de un suministro, podrán iniciar un pedido de revisión a través del sitio oficial de ANSES.
Según dan cuenta desde Nación, la medida apunta a garantizar una asignación más eficiente de los recursos públicos y evitar que usuarios con múltiples conexiones accedan a beneficios pensados para situaciones de vulnerabilidad energética.
El origen de la Zona Fría Ampliada
La Zona Fría es un esquema creado en 2002 para compensar los altos consumos de gas en regiones con climas extremos. Sin embargo, en 2021, el régimen se amplió considerablemente incluyendo localidades templadas y cálidas como Rosario, Córdoba y zonas del Gran Buenos Aires, muchas de las cuales no presentan condiciones climáticas severas.
Esta ampliación definida como llevada a cabo sin un control efectivo, generó un esquema regresivo y deficitario, beneficiando incluso a quienes no cumplían con los criterios de vulnerabilidad energética.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno viene impulsando una revisión integral de los subsidios energéticos, buscando eliminar privilegios, optimizar recursos y avanzar hacia una distribución más justa de los beneficios estatales.
El Registro Único de Beneficiarios detectó que miles de personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos tenían más de un medidor a su nombre, lo cual habilitaba el acceso al subsidio completo en todos ellos. Esta situación será corregida para evitar abusos y garantizar la sustentabilidad del sistema.
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