Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos en el naufragio, anticipó que llegarían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el reclamo. El delito que denuncia se cometió durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos en el naufragio del ARA San Juan, confirmó que ya no se duda si existió o no espionaje de parte de organismos de inteligencia del Estado sobre familiares de las víctimas de esta tragedia. «Está comprobado, lo que se debate es si fue legal o ilegal», advirtió.
Tambien resaltó que han llegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los reclamos por esta causa que comenzó en los tribunales de Dolores, de manera circunstancial, y luego fue remitida por jurisdicción a los de Comodoro Py, en Capital Federal.
«La defensa del expresidente (Mauricio Macri) reconoce que las órdenes fueron emanadas de los directivos de la AFI con sede en Buenos Aires, y con eso lograron que fuera a Comodoro Py», detalló Tagliapietra, que cuestionó la competencia de esos tribunales en esta causa.
El caso sale a la luz cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla, por entonces en Departamento Judicial de Dolores, pide archivos de la oficina en Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco de otra investigación. Encuentran discos duros borrados, la Policía Federal se encarga de recuperar información y entre el material que se había eliminado consta el detalle del seguimiento realizado sobre familiares de los tripulantes del ARA SAn Juan en aquellos días de reclamo por la suerte de los marinos.
«Decían que era legal porque tenía que ver con garantizar la seguridad del Presidente», explicó Tagliapietra y fue tajante: «no estamos de acuerdo». «Fácticamente nunca representamos un riesgo para la integridad física o psíquica del Presidente», dijo y aclaró que «pensar que podíamos representar un riesgo es ridículo».
«Nos han seguido, escuchado, intervenido redes sociales y correo electrónico en momentos en que estábamos a miles de kilómetros de él», explicó el también abogado y cuestionó que «no puede ser que al amparo de la seguridad de un presidente se haya violentado la intimidad de las personas».
Hay un fuerte cuestionamiento a aquella misión emprendida desde el Estado para husmear en la vida personal de las familias de las víctimas, protagonistas de protestas y reclamos desde Mar del Plata, donde la mayoría se había instalado, con foco en la Base Naval Mar del Plata. «Acá hubo ciberespionaje y otras actividades que avanzaron sobre nuestras vidas privadas», insistió.
La demanda de Tagliapietra y otros de sus pares en el reclamo es que la investigación se tramite en la justicia de Mar del Plata. Acusó al presidente Macri de lograr que primero se paralice, se mude a Dolores y luego a Comodoro Py.
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