Incertidumbre por el Presupuesto 2026: la continuidad de la tasa vial tensa la alianza entre el PRO y LLA

La elaboración del Presupuesto 2026 en General Pueyrredon ha ingresado en su etapa de definiciones con un gran interrogante: la permanencia de la denominada tasa vial. Este tributo, que rige desde principios de 2024 y aplica una alícuota del 3% sobre el valor neto de los combustibles líquidos, se encuentra bajo la lupa tras las recientes críticas del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien cuestionó a los municipios que incrementan la presión tributaria sobre los consumidores.

Desde el Ejecutivo municipal defienden la herramienta argumentando que los fondos se destinan directamente al mantenimiento de las calles a través del Emvial. Además, advierten que la eliminación de la tasa obligaría a reintegrar costos a la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), lo que impactaría exclusivamente en los residentes locales y no en los turistas. No obstante, el portal de Transparencia Tributaria de Nación ubica al distrito entre los de mayor presión en este rubro, aunque desde la comuna señalan errores en el informe oficial, como la supuesta aplicación del tributo al GNC, algo que no ocurre en la práctica.

El escenario político añade una capa de complejidad tras la alianza local entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Aunque ahora forman parte de un mismo arco oficialista, los concejales libertarios han rechazado históricamente este tributo. Sin el apoyo de sus cuatro ediles, el Ejecutivo no alcanzaría la mayoría necesaria de 13 votos para convalidar las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Desde LLA mantienen la cautela y evitan confirmar su postura, conscientes de que su voto es la llave para la aprobación del presupuesto.

A este conflicto se suma la reciente decisión del Concejo de autorizar la desafectación de fondos específicos hasta fin de año, permitiendo que saldos acumulados de tasas —que podrían incluir la vial— se utilicen para el pago de salarios municipales. Esta medida se fundamenta en la falta de aportes nacionales y provinciales para el sistema educativo local, pero ha generado suspicacias en la oposición y suma presión a una negociación parlamentaria que promete ser el primer gran desafío de la nueva coalición gobernante.

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