El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el Régimen Migratorio, restringe el acceso a servicios públicos gratuitos y refuerza los criterios de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una serie de modificaciones en la política migratoria argentina. El objetivo central de la medida se enfoca en limitar el acceso de inmigrantes irregulares a los servicios públicos gratuitos y reforzar el control sobre quienes ingresan al país. La medida, según el Gobierno, busca «orden y sentido común» en un sistema que consideran desvirtuado por decisiones políticas anteriores.
Uno de los puntos clave del nuevo régimen es la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena. También se prohíbe el ingreso al país a personas con antecedentes penales, un cambio respecto al criterio anterior, que solo restringía delitos con penas mayores a cinco años.
Debido a esta medida, a partir de ahora, los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por la atención médica pública. Además, será obligatorio contar con un seguro médico para ingresar al país. El Ejecutivo justificó esta decisión por el alto costo que implicó la atención a extranjeros en 2024: más de 114 mil millones de pesos.
El decreto autoriza a las universidades nacionales a establecer aranceles para los residentes temporarios que quieran cursar carreras de grado. Sin embargo, se mantiene la gratuidad para la educación primaria y secundaria, en línea con la Constitución Nacional.
Además, se definió que la Carta de Ciudadanía solo se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua o realicen una inversión significativa en el país. Para la residencia permanente, se exigirá demostrar medios económicos y carecer de antecedentes penales.
Un mensaje político con foco en los contribuyentes
El mensaje oficial sostiene que “los pagadores de impuestos no deben financiar a quienes abusan del sistema”. En esa línea, el Gobierno reafirma que «dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada», y subraya que la reforma responde al mandato popular de reconstrucción nacional.
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