El Partido Justicialista denunció que la Ley de Ficha Limpia busca impedir futuras candidaturas de Cristina Kirchner, a quien definieron como blanco de una campaña de persecución política y judicial.
El Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado en rechazo al tratamiento de la Ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, cuestionando que la propuesta legislativa representa, en realidad, una “nueva operación de exclusión política” contra Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación y referente histórica del peronismo.
Desde el PJ señalaron que el verdadero objetivo del proyecto es impedir futuras candidaturas de la ex vicepresidenta, a quien acusan de ser blanco de una “persecución sistemática” por parte del poder judicial, sectores políticos opositores y medios de comunicación.
“El fallo judicial en la causa Vialidad fue una condena sin pruebas. Y como no fue suficiente, ahora quieren proscribir con una ley lo que no pueden ganar en las urnas”, se lee en el documento del espacio.
Referencias al atentado y al lawfare
En el mismo mensaje, el partido recordó el intento de magnicidio del 1º de septiembre de 2022, asegurando que fue “la expresión más brutal del odio político” hacia la figura de Cristina Kirchner. También acusaron al poder judicial de no haber investigado a los responsables intelectuales y denunciaron que existe una red de jueces, fiscales y empresarios “alineados con el macrismo”.
El PJ enmarcó la iniciativa dentro de lo que definieron como lawfare, es decir, el uso del aparato judicial con fines políticos: “No hay república posible con una Justicia al servicio del poder económico”, remarcaron.
“El verdadero objetivo de la Ficha Limpia no es la transparencia, sino ensuciar la voluntad popular”, enfatiza el comunicado, que concluye con una defensa cerrada de la figura de Fernández de Kirchner: “No representa solo una candidatura. Es sinónimo de justicia social, soberanía y dignidad del pueblo trabajador”.
El bloque justicialista llamó a la militancia a mantenerse alerta ante lo que consideran un intento de disciplinamiento político, encubierto bajo el ropaje de una iniciativa de moralización institucional.
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