El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras fallo judicial

A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo nacional dio cumplimiento a la normativa que había intentado suspender. La medida ocurre tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que obligó a su implementación inmediata antes del vencimiento del plazo legal, aunque el Gobierno aclaró que lo hace sin prestar conformidad a los fundamentos de la Justicia.

En el límite del plazo fijado por la Justicia Federal, el Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, responde a la sentencia dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválida la suspensión previa de la norma y estableció el 4 de febrero como fecha máxima para su puesta en marcha definitiva. A pesar de la rúbrica del presidente Javier Milei, el texto aclara explícitamente que el dictado del decreto no implica reconocer hechos ni derechos, ni consentir los fundamentos judiciales que forzaron esta ejecución.

La nueva reglamentación establece el marco operativo para el acceso a las prestaciones y define los criterios de evaluación socioeconómica e incompatibilidades del régimen de pensiones. Bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad —ahora dependiente del Ministerio de Salud—, se iniciará la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo esquema denominado «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social». Este proceso implicará una revisión integral de miles de beneficios, supeditada a estrictos controles de auditoría y a la disponibilidad de recursos fiscales, un punto de especial sensibilidad dado el contexto de ajuste en el gasto público.

Asimismo, el decreto centraliza la política del sector en el Ministerio de Salud y obliga a la convocatoria del Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un plazo de 30 días, el organismo deberá presentar un plan de auditorías periódicas y articular mecanismos con el Observatorio de la Discapacidad y diversos comités asesores de la sociedad civil. De esta manera, el Ejecutivo busca garantizar un control riguroso sobre las asignaciones, mientras las organizaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad permanecen alertas ante el impacto que el nuevo esquema de revisión pueda tener sobre los beneficiarios actuales.

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Por redacción Noticias MDP. Fuente original: El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras fallo judicial.